Al acercarse el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, 75 legisladores demócratas firmaron una carta diciendo que la prisión administrada por la Marina estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, está en mal estado, es costosa y es una vergüenza de derechos humanos para el país.
Señalaron que el centro albergó a 800 prisioneros, de los que quedan actualmente 39, "muchos envejecidos y cada vez más enfermos", y que el costo anual de funcionamiento del sitio asciende a más de 500 millones de dólares.
"Que continúe operativa la prisión es una mancha en nuestra reputación internacional y socava nuestra capacidad para defender los derechos humanos y el estado de derecho", dijeron.
El centro de reclusión se activó a finales de 2001 cuando Estados Unidos rastreó por todo el mundo a miembros y partidarios de Al Qaida cómplices de los ataques a Nueva York y Washington, y de otros contra intereses o instalaciones estadounidenses.
Pero detener y llevar en secreto a cientos de personas a Guantánamo, sometiendo a muchos a torturas y reteniéndolos durante años sin cargos ni debido proceso, corrompió en gran medida las demandas de justicia de Washington después de los ataques del 11-S.
Solo un puñado de prisioneros han sido acusados bajo el sistema de tribunales militares establecido para Guantánamo, y sus casos en su mayoría están paralizados.
Los legisladores evocaron el apoyo de Biden al cierre de Guantánamo cuando asumió la vicepresidencia bajo el mandato de Barack Obama en 2009, lo que reiteró tras llegar a la Casa Blanca en enero.
"Después de casi dos décadas y numerosos esfuerzos de reforma, el proceso de la comisión militar sigue siendo disfuncional", sostuvieron en la carta.
Cuando Biden asumió el cargo, había 40 detenidos en la prisión. Uno fue repatriado a Marruecos en julio, y otros diez tienen luz verde para ser liberados y aguardan la repatriación o la transferencia a terceros países.
Doce, incluido Khalid Sheikh Mohammed, considerado el arquitecto de los ataques del 11 de septiembre, quedaron bajo el lento sistema de tribunales militares. Solo dos han sido condenados en casi dos décadas.
Los otros 19 están en el limbo: no han sido acusados ni liberados.
Paralizados bajo el predecesor de Biden, Donald Trump, los tribunales militares comenzaron a celebrar audiencias nuevamente el mes pasado.
En septiembre, está previsto que se reanude el caso de Khalid Sheikh Mohammed con una audiencia previa al juicio.